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Martes 18 de Septiembre de 2018   









Juez Sal Lari: “La decisión de los jueces es sometida a controles superiores”.
9/8/2012 San Isidro - Derechos humanos

Rafael Sal Lari tiene 41 años, se recibió de abogado en la Universidad Católica (UCA), vive en Boulogne,es juez de garantías desde octubre de 2005 y actualmente está a cargo del juzgado N° 3 de San Isidro. Fue repuesto en su función, después de que un Juri lo suspendiera para analizar la viabilidad de su enjuiciamiento, algo que no prosperó, pues las causas que se le imputaban cayeron por falta de mérito o falsedad. El principal impulsor del proceso era el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, que finalmente tampoco lo acusó. En esta entrevista,de nuevo en su despacho, el juez relata en qué consiste su trabajo, opina sobre la injerencia de otros actores sociales en las decisiones judiciales, la forma en que un juez debe decidir en las causas y sobre la independencia judicial.  

-¿Cuál es la función de un juez de garantías?

-Somos jueces de la investigación. Intervenimos en el proceso (penal) al principio, antes de que se llegue a juicio. La investigación la hace el fiscal, pero la Constitución establece que las medidas de coerción -como prisión preventiva, excarcelar o allanar-tiene que ordenarlas un juez. Evaluamos la prueba y decidimos si corresponden las medidas. No establecemos penas, esto es importante que se sepa: nuestro trabajo se reduce a asegurar que una investigación y la persona (investigada), si corresponde, lleguen a juicio. Nuestro baremo (dimensión de análisis) para decidir la detención de una persona es si su libertad representa un peligro para la investigación pues va a fugarse, alterar pruebas o convencer a testigos para que digan otra cosa. Si no hay estos riesgos la Constitución, y el artículo 144 del Código de Procedimientos indican que la persona permanece en libertad mientras dure el proceso.

-¿Qué lugar ocupan en un conflicto penal?

-Nosotros somos terceros imparciales entre el fiscal, que está obligado a buscar la verdad objetiva, y el defensor, que cuida los intereses y que se respeten las reglas del proceso al imputado. Entre estas dos posiciones está el juez de garantías.

-¿Es amplia la discrecionalidad que tienen para decidir?

-La ley no resuelve nunca estrictamente un caso, porque los casos son distintos y no podría haber una norma por cada uno.En el marco de interpretación de la ley lo primero que tiene el juez es la Constitución, cada norma del Código se interpreta de acuerdo con lo que la Constitución establece. Por supuesto que hay criterios. Nuestra Constitución es liberal y garantista. Establece, por ejemplo, el principio de inocencia. Las leyes inferiores tienen que ajustarse aesos principios constitucionales. Las leyes de la provincia de Buenos Aires, sobre todo con la reforma y desde el gobierno de (Felipe) Solá en adelante, ajustaron sus normas a la Constitución Nacional, que adhirió a múltiples pactos internacionales. Nuestras decisiones son controladas por la Cámara Penal del departamento judicial, que son tres jueces; por la Cámara de Casación de La Plata, que son otros tres jueces. La última palabra no la tenemos nosotros. Nuestra decisión es sometida a varios controles superiores.

-¿Es común la injerencia de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y otros actores, sobre las decisiones judiciales?

No era común aquí. Creo que en los EE.UU. principalmente se veía esta injerencia, de los medios (de comunicación) sobre todo. En el caso de San Isidro se produce un fenómeno extraño a otras jurisdicciones, los problemas que tienen repercusiones mediáticas están vinculados con San Isidro, no es que en otras jurisdicciones no sucedan, pero los de San Isidro tienen repercusión.

-¿Cuál es su hipótesis sobre esto?

-Primero porque San Isidro es un lugar de alto poder económico, en promedio, y la gente tiene mayor capacidad de llegada a los medios. En Lomas de Zamora, por citar otra jurisdicción conflictiva, también pasan cosas y de mayor calibre, o en La Matanza, y no se las conoce tanto. Pero acá tenemos un condimento especial y es que el intendente, Gustavo Posse hizo de esto una campaña de ley y orden; y utilizó el dolor legítimo de ciertas víctimas pura y exclusivamente para hacer una campaña. Yo creo que antes de 2009 su inserción nacional y la posibilidad de que su imagen y sus palabras repercutan a nivel nacional eran muy cercanas a cero y, a partir de su denuncia de juicio político por el caso de inseguridad (Regis) fue tomado por todos los medios nacionales y se multiplicó su imagen pública.

-Los intendentes se quejande que los vecinos les reclaman a ellos por la inseguridad

-Posse debe dar explicaciones de cómo, un funcionario público, expropia un dolor ajeno y hace con eso una campaña prometiendo cosas que sabe que jurídicamente son incorrectas. El sabía, o no podía desconocerlo por obligación de sus funciones, que ese no era el camino para resolver los problemas de inseguridad. Igualmente utilizó el dolor de la familia Regis para hacer su campaña. No es un buen camino el que emprendió. De hecho, así fue el resultado.

-Hubo algunos familiares de víctimas que lo acompañaron

-Quiero dejar bien claro que yo entiendo que las víctimas pueden sentirse afectadas por las resoluciones de los jueces. Pero un juez, cuando resuelve, no lo hace como parte o vecino, sino de acuerdo con la ley. La familia que fue damnificada (Regis) vive a veinte cuadras de mi casa; que hayan ingresado a la casa de ellos y no a la mía es totalmente aleatorio. Yo soy vecino de San Isidro, no tengo privilegios por ser juez, ni seguridad, ni auto blindado; mi familia tampoco y son de San Isidro mis hermanos, mi madre. Yo vengo a trabajar muchas veces en colectivo. No vivo en una burbuja que me hace pensar que no me va a pasar nada, pero cuando llego me pongo en la función de juez y resuelvo de acuerdo a las normas. Es lógico que los damnificados se sientan mal y es positivo que pidan explicaciones a los jueces, pero hay una forma institucional y no es la que emprendieron.

-También la Asociación Madres del Dolor...

-Viviam Perrone es muy crítica, pero creo que ya no lo hace más desde el dolor. Con esto tiene una idea política y lo hace por otros intereses, que no sé cuáles son, pero no son el dolor. La mayoría de los casos que ella expone en los medios como resoluciones mías, no es cierto como ella dice que sucedieron, y ella lo sabe, tiene abogados, fueron presentadas en la Corte todas las explicaciones, pero vende un producto desinteresándose de cómo son las cosas. Habla desde un espacio político. Si quiere cambiar las normas, la Constitución, me parece correcto, lo que tiene que hacer es ir al Congreso y pedir que se cambien, no pedirle a quien tiene que aplicar la norma de una forma, que la aplique distinta porque a ella no le gusta.

-¿Qué conclusiones saca de la experiencia?

-Esta muy bien que el poder judicial sea controlado por otros poderes. Es un ejercicio democrático superador que tenga que dar explicaciones y que sean escuchadas por la ciudadanía, los legisladores. Ahora, si como sucedió, esto se convierte en un mecanismo de presión y disciplinamiento, es distinto. La forma en que terminó es un envión para la independencia del Poder Judicial. Fue un proceso muy simbólico, hubo muchos con inquietud por la posibilidad de que cualquiera pueda estar en mi lugar, estas alarmas sí se encendieron, pero creo que el Poder Judicial tiene que construir su independencia de manera más firme, una independencia republicana, donde los poderes funcionan en un sistema de equilibrio y control.

Gustavo Camps


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